RINCÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SEGURO. La preparación a Solvencia II

Lázaro Cuesta Barberá

RINCÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SEGURO

La preparación a Solvencia II
Lázaro Cuesta Barberá
Presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado (APISE)

Con la publicación por parte de EIOPA de las guías para la preparación a Solvencia II, queda claro que la adopción de medidas concretas para adaptarse al nuevo sistema deja de ser una práctica recomendable para entrar el terreno de lo exigible.

No es casualidad que las primeras exigencias de adaptación a las compañías sean precisamente las que se refieren a los aspectos cualitativos del proyecto: el gobierno corporativo de las empresas de seguros y la evaluación prospectiva de los riesgos. Los nuevos requerimientos en ambas materias son los que suscitan un mayor consenso, tanto entre los supervisores como entre las propias aseguradoras. Y es que, sin perjuicio del inevitable debate sobre los detalles concretos, no existe controversia alguna sobre la importancia de contar con compañías gestionadas de una manera sana y prudente y que conozcan los riesgos a que están expuestas.

En el sector asegurador español, a pesar de las dificultades del entorno macroeconómico, algunas entidades y grupos han hecho importantes esfuerzos en los últimos años, invirtiendo en la propia organización, revisando sus procedimientos e incluso abordando reformas estructurales relevantes, para afrontar el cambio a Solvencia II en las mejores condiciones. Aquellas compañías que hasta ahora han mirado hacia otro lado no tendrán ya más remedio que pisar el acelerador para adaptarse cuanto antes; pero será un esfuerzo que redundará en su propio beneficio, además de reforzar la credibilidad y, en definitiva, la estabilidad del sector en su conjunto.

Solvencia II es, al mismo tiempo, un reto para las autoridades de supervisión. Así lo reconoce la propia Directiva, que impone a los Estados miembros el deber de dotar a sus supervisores nacionales de los medios necesarios para cumplir adecuadamente con sus nuevas funciones. Llegados a este punto, tampoco el Estado español puede seguir mirando para otro lado. Si bien el examen realizado por el Fondo Monetario Internacional en 2012 destacó la existencia de un marco regulatorio solvente y la competencia y cualificación de los profesionales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, también destacó el FMI aquellos aspectos susceptibles de mejora: la necesidad de reforzar la independencia presupuestaria (exigible a cualquier supervisor financiero), la conveniencia de incrementar los recursos dedicados a la supervisión y la importancia de contar con una política retención de su personal. Para que la DGSFP pueda estar a la altura de las nuevas exigencias a los supervisores, deberían abordarse todas estas cuestiones.

Aunque la publicación definitiva de las guías se producirá el próximo otoño, desde ya constituyen una valiosa herramienta para ayudar tanto a las autoridades de supervisión como a las aseguradoras en su adaptación a los requisitos de la Directiva de Solvencia II. Para España se trata de una magnífica oportunidad de avanzar en el buen gobierno de las compañías de seguros y apostar para que el supervisor pueda cumplir eficazmente con su misión.